Por Cr. Livio T. Fernández – Sec. Gral – Policías Autoconvocados por un Salario Justo – FREPPACH
En un reportaje radial, el jueves pasado, Ariel Acuña intentó justificar la representatividad exclusiva en el diálogo con funcionarios del gobierno, y habló de la presentación de propuestas salariales que crean falsas expectativas en los trabajadores policiales.
Tanto la ministra de seguridad, como la ex ministra y el actual ministro de economía hicieron oídos sordos a los numerosos pedidos de audiencia presentados por nuestra organización el año pasado y este año. En un gobierno que se jacta de ser dialoguista y predica que se debe escuchar las demandas de los distintos sectores, nos cerraron las puertas al diálogo y prefieren tratar pautas salariales para el sector solo entre funcionarios que responden a la patronal.
En sus recientes declaraciones el jefe de policía no tuvo reparos en arrogarse facultades de negociación salarial excluyendo a las tres asociaciones, incluida nuestra organización, que representan a policías y penitenciarios en actividad y retirados en la mesa técnica salarial, donde participábamos desde 2010.
Acuña borró con el codo lo que escribió con la mano entre 2016 y 2019 donde en un trabajo articulado elaboramos en forma conjunta con la Jefatura de Policía el “Programa de Equidad Salarial para el Personal de Seguridad” con un pliego de reivindicaciones que veníamos planteando, y por medio del cual obtuvimos algunas mejoras cuantitativas y cualitativas en los sueldos policiales trabajando juntos en la mesa técnica salarial.
Sigue demostrando una notoria falta de memoria y de manejo de aspectos técnicos sobre el régimen salarial vigente para el trabajador policial, sobre la composición, estructura salarial e impacto de propuestas salariales alternativas, que lejos están de solucionar los conflictos creados por la política salarial de los gobiernos de turno desde hace más de 17 años.
Las pautas salariales que Acuña aceptó el año pasado y este año se apartaron de las leyes 178-J y 187-J vigentes. Estas dos leyes establecen los rubros o conceptos que componen el haber de cada grado, las bases de cálculo, los rangos de variabilidad y topes en porcentajes de cálculo en determinados suplementos, entre otros elementos que se deben considerar al momento de fijar pautas salariales.
Nada dijo Acuña por ejemplo sobre la deuda del 8% por el blanqueo del suplemento recargo de servicio desde hace un año, cuando fue él quien aceptó que se pague solamente la mitad sin determinarse cuando se pagaría la otra mitad. Y ahora en vez de exigir al gobierno el cumplimiento del compromiso de pagar la segunda cuota este año, hizo silencio de radio tratando de eludir su responsabilidad por la falta de reclamo y gestión de pago del 8% restante.
Acuña omitió toda referencia a la licuación del salario del trabajador estatal, particularmente el del policía, que se produjo entre 2017 y 2020 con la caída del salario real superior al 50%, y a la presentación de alguna propuesta de revisión para recomponer el poder adquisitivo perdido.
Tampoco habló sobre la continuidad del proceso de blanqueo salarial de otras tres sumas en negro que se pagan actualmente a los policías en actividad, entre ellas las dos sumas que él aceptó el año pasado: el bono pandemia y la bonificación por refrigerio de $5.000 cada una, dos rubros que ya perdieron más del 50% de su valor real por efecto de la alta inflación registrada en el último año. Y lo que es un grave error, colocó al blanqueo salarial como una alternativa de pauta salarial.
Las sumas en negro son inconstitucionales e ilegales, y no pueden considerarse como un nuevo aumento salarial este tipo de conceptos. El blanqueo se hace incorporando al sueldo básico un valor actualizado financieramente equivalente, neto de bonificaciones y retenciones de ley, con un efecto neutro en el salario de bolsillo para el cargo base de Agente de policía inicial, y a partir de este se distribuye proporcionalmente al resto de los grados respetando la estructura salarial vigente. Se deja de pagar una suma en negro y se pasa a pagar una suma remunerativa equivalente que no aumenta el sueldo líquido.
En cambio informó que presentó un anteproyecto de ley para modificar el porcentaje del título secundario, que de acuerdo con trascendidos sería para equiparar al 17,5% del cargo base como se paga en el escalafón central de la administración pública provincial. Actualmente los policías perciben por título secundario el 3% pero sobre el sueldo básico de cada grado.
Como el suplemento por título secundario pasaría de ser una suma variable de acuerdo al grado a un monto fijo para todos los grados, el incremento nominal para el Agente de policía sería de $ 2.000 aproximadamente, con un impacto del 3,2% aproximadamente sobe el sueldo de bolsillo. Mientras que por ejemplo para el máximo grado del escalafón, el Comisario General, el aumento nominal sería de $ 500 aproximadamente y un irrisorio 0,25 % sobre el sueldo líquido, debido al achatamiento salarial que produce toda suma fija. Este tipo de medidas, además de ser inequitativa para los distintos grados que lo perciben, alcanzaría solo a quienes perciben título secundario dejando fuera del alcance a los demás policías.
Acuña, como parte de la patronal, no tiene facultades legales para negociar salarios en representación del personal policial, y solo puede aceptar lo que el Poder Ejecutivo le impone. Tanto el año pasado como este año aceptó pautas salariales que perjudicaron a los trabajadores policiales activos y retirados. Y ahora vuelve a insistir en presentar supuestas propuestas salariales alternativas que podrían significar un nuevo avasallamiento de los derechos adquiridos del personal policial.
Acuña por favor pedimos nuevamente que no aclare porque oscurece en materia salarial, y que no nos defienda más porque nos perjudica.