El magistrado Marcelo Martínez de Giorgi archivó la causa tras determinar que la promoción del token digital no configuró un delito penal. Desde el Ejecutivo cargaron contra los denunciantes y exigieron respuestas por el uso de recursos públicos.
Juzgado Federal N° 8 dictó el sobreseimiento definitivo del presidente de la Nación, Javier G. Milei, en el marco de la investigación penal caratulada informalmente como «Causa Libra». La decisión, adoptada en consonancia con el requerimiento del fiscal federal Eduardo Taiano, beneficia también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros nueve imputados vinculados al desarrollo de la polémica divisa digital.
A los pocos minutos de notificarse el fallo de 60 páginas, la Oficina del Presidente (OPRA) difundió un durísimo comunicado de prensa en el que celebró el dictamen de una «Justicia independiente». El texto oficial sostiene que el proceso constituyó un «triste circo mediático» extendido por un lapso exacto de un año, ocho meses y nueve días, cuyo único propósito radicaría en minar la reputación presidencial de cara a los compromisos electorales y desgastar la figura del mandatario.
Los fundamentos de la desestimación
El conflicto judicial se remonta al 14 de febrero de 2025, cuando una publicación de Milei en sus redes sociales impulsó una masiva escalada especulativa en la cotización del criptoactivo, la cual sufrió una severa devaluación horas más tarde dejando miles de carteras afectadas. No obstante, el peritaje técnico y los cruzamientos de datos financieros no hallaron evidencias de un comportamiento criminalmente relevante.
Para decretar el archivo definitivo de las actuaciones bajo el amparo del artículo 336, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación —mecanismo estipulado cuando los hechos bajo análisis no constituyen delito alguno— la magistratura se fundamentó en tres ejes centrales:
• Inexistencia de ardid: El fallo remarcó que las pérdidas de capital resultan propias de un ecosistema altamente volátil como el de las memecoins, descartando que existiera un ocultamiento deliberado o un engaño estructurado por parte de los desarrolladores.
• Publicación de carácter personal: Las pericias y el informe de la Oficina Anticorrupción validaron que el tuit del jefe de Estado fue emitido a título individual desde su plataforma personal y no bajo la investidura ni los canales institucionales de la Presidencia.
• Falta de retornos económicos: Las auditorías tecnológicas sobre los dispositivos secuestrados y la red blockchain Solana descartaron la existencia de transferencias ocultas, cobros de dádivas o acuerdos espurios destinados a funcionarios del Poder Ejecutivo.
El contraataque oficialista en el plano institucional
Con el fallo a su favor, la Casa Rosada aprovechó el escenario para contrastar el proceso con gestiones previas. «Por primera vez en la historia, se investigó a un Presidente de la Nación con total libertad, resultando en una absoluta prueba de su inocencia», reza el documento gubernamental, atribuyendo el desenlace al correcto funcionamiento de los engranajes republicanos y al pleno respeto por la división de poderes.
El comunicado concluye con un fuerte interrogante institucional dirigido de forma elíptica a los sectores de la oposición que impulsaron el expediente parlamentario e intentaron constituirse como querellantes privados en los tribunales de Comodoro Py. En tono de abierta confrontación, el Gobierno planteó de cara a la opinión pública: «¿Quién se hace cargo de haber gastado los recursos de los argentinos y el tiempo del Presidente de la Nación en un fallido intento de golpe institucional?».