Luego de conocerse la condena de tres personas por la difusión de material íntimo de una funcionaria provincial, Noel Ibarra, Subsecretaria de Trabajo del gobierno provincial cuestionó “la pasividad de UPCP, que no activó ningún protocolo institucional ante un hecho de extrema gravedad que afectó la integridad de una mujer”. Desde el gremio que conduce José Niz acusaron que el gobierno busca deslegitimar el trabajo de los gremios, que son garantes del respeto por los derechos de los trabajadores.
“Queremos enfatizar que las afirmaciones vertidas por la subsecretaria no solo carecen de fundamento, sino que además alimentan un clima de hostigamiento y persecución hacia nuestra organización y sus integrantes. La utilización del «lawfare», el posterior linchamiento mediático, así como la campaña de desprestigio y estigmatización a nuestra organización, son prácticas de amedrentamiento que rechazamos de manera contundente”, plantearon desde UPCP mediante un comunicado de prensa.
Para el sindicato, apuntar públicamente al secretario general del gremio, en lugar de señalar al victimario, revela una clara intención de persecución política. “Esta actitud banaliza una problemática profundamente grave para nuestra provincia y evita un debate serio, sereno y eficaz sobre las políticas públicas necesarias para erradicar la violencia de género. Lejos de buscar soluciones, esta estrategia se utiliza como una cortina de humo para desviar la atención de la difícil realidad que enfrentan muchos trabajadores estatales: despidos, violencia laboral, precarización y un alarmante atraso salarial que deteriora día a día su calidad de vida. Mientras se intenta estigmatizar a nuestra organización, se invisibilizan las verdaderas urgencias que atraviesa el sector público”, señalaron.
Condenan a tres personas por difundir imágenes íntimas de una funcionaria provincial
Asimismo, insisiteorn que “esta estrategia busca deslegitimar el trabajo de los gremios, que son garantes del respeto por los derechos de los trabajadores. La intención de atacar a las organizaciones sindicales tiene como propósito debilitar la defensa de las condiciones laborales y de la dignidad de los trabajadores estatales”.
En otro párrafo del comunicado, UPCP denunció “la utilización sistemática de medios de comunicación, financiados con pauta estatal, que actúan como herramientas de difamación y hostigamiento contra nuestra organización”. “La información que difunden es parcial, tergiversada y alejada de los hechos reales, con el único objetivo de deslegitimar nuestra labor gremial y la lucha constante por los derechos de las y los trabajadores estatales”, acusaron.
Por otra parte, insistieron en el reclamo al Gobierno Provincial “por el pleno cumplimiento de la Ley Micaela, que lo obliga a garantizar la capacitación en materia de género y violencia contra las mujeres para todos los empleados estatales, durante su jornada laboral y en sus lugares de trabajo. Si bien no es responsabilidad de las organizaciones sindicales, es importante destacar que UPCP ha llevado adelante instancias de formación en esta temática, mostrando un compromiso real con la erradicación de la violencia y la promoción de entornos laborales seguros y respetuosos”.
“Nos solidarizamos con todas y cada una de las víctimas de violencia de género de nuestra provincia. Recordamos la provincia del Chaco es la segunda con más alta incidencia de femicidios en lo que va del 2025, solo superada por Neuquén. Solo en febrero se registraron cuatro femicidios”, señalaron.
Por último, desde UPCP exigieron “el cese inmediato de la hostilidad mediática hacia nuestra institución y un compromiso efectivo con el respeto hacia todas las trabajadoras y trabajadores del sector público, quienes merecen condiciones laborales dignas, justicia y un trato basado en los derechos humanos”.