Desde el Comité contra la Tortura del Chaco solicitan que se legalice el uso de celulares para personas privadas de su libertad. Entienden que “es un instrumento para acceder a derechos, como el de la comunicación, a la información o la educación”. Para Ariel Acuña, es necesario una regulación muy profunda porque algunos de los detenidos continúan amenazando a sus víctimas. Además, reconoció la sobrepoblación carcelaria en las comisarías del Chaco. “Tenemos casi 1500 detenidos, de los cuales, casi 400 son condenados”, dijo.
“Creemos que estamos en condiciones de ser pioneros en avanzar hacia la legalización definitiva de la herramienta de los celulares como un derecho por parte de las personas privadas de libertad. Es decir, que no sea solo una medida compensatoria, sino que se convierta en un derecho autónomo y complementario al de las visitas de familiares y allegados”, argumentó Kevin Nielsen, vicepresidente del Comité contra la Tortura el pedido de uso de celulares para personas privadas de su libertad, tanto en comisarías como en el servicio penitenciario provincial.
En este sentido, el jefe de la Policía del Chaco Comisario General retirado, Ariel Acuña reconoció un dialogo permanente con los miembros del Comité. “Los alojados tienen acceso a celulares porque eventualmente se les permite el uso y desgraciadamente estas personas utilizan esos aparatos celulares para seguir amenazando a las víctimas”, explicó Acuña a radio Natagalá. Y agregó “es una cuestión que nos pones una especie de trabas porque tendríamos regularlo muy bien como permitir el uso”.
Desde el mismo Comité para la Prevención de la Tortura denunciaron días atrás hacinamiento de detenidos en comisarías de la provincia. Según datos recientes, 1.445 personas se encuentran alojadas en comisarías, llevando los niveles de hacinamiento, en alguna de ellas, entre un 300% y un 1000%. En este sentido citan como un caso emblemático a la Comisaría Quinta de Resistencia, donde se encuentran alojadas 54 personas cuando la capacidad límite es para 16
En el marco del Consejo de Seguridad Pública realizada el pasado viernes en Casa de Gobierno, Acuña aseguró que una de las acciones para el 2022 es tratar de reducir la población carcelaria en las Comisarías. Así, adelantó que “hay fondos internacionales con los cuales se van a construir establecimientos penitenciarios para el alojamiento de personas detenidas”.
En este marco, el jefe de la Policía del Chaco manifestó que “la idea es sacar a todas las personas condenas y prevenidos, es decir aquellos alojados en comisarías que tiene su causa en proceso para ser elevadas a juicio”.
Por último, graficó que son “casi 1500 detenidos en comisarías de la provincia, de los cuales casi 400 son condenados”.