La Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura del Chaco envió el proyecto 295/24 al Órgano de Revisión de la provincia para que emitan una opinión al respecto. En tal sentido, cinco de los seis integrantes se manifestaron en contra. Consideraron que “la problemática es de salud, no de seguridad”.
La legislatura provincial discute el proyecto 295/2024 de la Ley de Seguridad Pública que modifica el protocolo de actuación para la Utilización de Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea de Baja Letalidad, presentado por legisladores del bloque de Juntos Por el Cambio.
En este sentido, desde la Comisión de Derechos Humanos se solicitó una opinión al Órgano de Revisión de Salud Mental de la Provincia del Chaco que, mediante una sesión extraordinaria, resolvió el rechazo por mayoría absoluta. Cinco de los miembros del organismo, votaron en contra del proyecto. En tanto, que Rodrigo Zalazar, de la Asociación Civil Mejorando en Comunidad marcó su disidencia.
Zalazar explicó su voto positivo al sostener que coincidió con la Defensoría General del Poder Judicial, “no nos parece mal la implementación siempre y cuando esté a cargo de un equipo especializado. Donde haya más capacitación y sobretodo más logística en el personal policial”.
Este sentido, aseguró que el proyecto prevé una intensa capacitación y fue remitido antes de su creación a todos los organismos de control correspondiente. “Nos parece que desde el punto de vista técnico no hay objeciones que hacerle al proyecto”, expresó en contacto con radio Natagalá.
“Nosotros somos un organismo técnico, entonces tenemos que emitir opiniones técnicas. Entonces, técnicamente no hay contraindicaciones que hacerle al proyecto, ni a su redacción ni a su conformación”, señaló. Además, Zalazar recordó que de todos los organismos a los fue enviado el proyecto para su análisis, solamente tuvo dictamen negativo en el Comité Provincial de Prevención para la Tortura y el Órganos de Revisión de Salud Mental.
Rechazo por mayoría absoluta
En tanto, los representantes del Ministerio de Salud, Colegio de Psicólogos, Movimiento Alza, Subsecretaría de Derechos Humanos, Ministerio Público de la Defensa y la Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión coincidieron en que “los abordajes deben ser siempre sanitarios, las fuerzas de seguridad están obligadas a colaborar con el equipo de salud y solo intervendrán cuando el equipo de salud no logre su cometido en forma autónoma o si se desencadena una situación de riesgo, que pone en peligro al personal de salud, seguridad y a terceros”.
“Las Problemáticas son de salud, no de seguridad”, remarcaron.
Asimismo, señalaron que “el uso de pistolas Taser en personas con problemas de salud mental, es un tema complejo y delicado”. En este sentido remarcaron que las personas con condiciones de salud mental “pueden ser más susceptibles a sufrir daños o a tener reacciones impredecibles cuando se les somete a una descarga eléctrica”.
Por último, recomendaron “utilizar métodos de desescalada y técnica de comunicación efectiva para tratar de resolver la situación de manera pacífica y evitar el uso de la fuerza”.