Los gremios que contienen a los trabajadores judiciales denunciaron la inconstitucionalidad del texto 2141/26 y pidió aplicar la Media Nacional por ley. Hubo duros cuestionamientos al funcionamiento de un tribunal ad-hoc tras la polémica excusación de un magistrado.
La tensión salarial y normativa en el sector público sumó un capítulo neurálgico en la mañana de este miércoles 4 de noviembre de 2026. En el marco de la ronda de consultas ordinarias de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la cúpula de la Intergremial Judicial del Chaco —en un frente unificado con el Gremio del Tribunal de Cuentas de la provincia— desembarcó en la Legislatura local para bloquear el avance de una reforma que consideran un avasallamiento a sus derechos adquiridos.
La controversia gira en torno al Proyecto de Ley 2141/26, una pieza legislativa impulsada en los últimos meses que busca modificar las partidas presupuestarias y el cálculo de haberes dentro del servicio de justicia. De acuerdo con lo manifestado por los delegados gremiales ante los diputados, el texto representa un severo retroceso que colisiona de manera directa con la Ley 468-A, el andamiaje jurídico histórico que resguarda el sistema de porcentualidad salarial para los empleados chaqueños.
El reclamo por la Media Nacional y sospechas judiciales
Durante la audiencia, los referentes de los trabajadores no solo se limitaron a plantear la resistencia al proyecto en debate, sino que elevaron una contrapropuesta de fondo: exigieron activar los mecanismos institucionales previstos en el Artículo 9 de la Ley 3424-A, una normativa orientada a equiparar las remuneraciones locales con la denominada Media Nacional de los poderes judiciales de todo el país, garantizando un piso de equidad para los agentes de las diferentes circunscripciones.
Asimismo, la exposición gremial reactivó el plano de la polémica judicial al ventilar la interna de las denuncias en curso. Los sindicatos recordaron las presentaciones previas y agregaron una reciente ampliación institucional que involucra de lleno al juez Cáceres Olivera.
• La denuncia: Los gremios objetaron que el magistrado se excusara formalmente de intervenir en un expediente para luego, en su rol particular, presentar un recurso de amparo bajo los mismos términos jurídicos que debía resolver en su función oficial.
• El pedido: Frente a este escenario, la Intergremial requirió formalmente a los legisladores que se inicie una investigación exhaustiva sobre el desempeño e integración del denominado Tribunal Ad-hoc interviniente.
La respuesta de los bloques políticos
El tratamiento de la reforma salarial dividió aguas en el seno de la comisión parlamentaria. La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la diputada opositora Chiachio Cavannna, sintonizó con el reclamo sindical y anticipó su rechazo explícito al Proyecto 2141/26, argumentando la necesidad de proteger las leyes de estabilidad preexistentes.
Por su parte, la vicepresidente de la comisión, la legisladora oficialista Wanenson, adoptó una postura de mayor cautela técnica. Explicó que la voluntad política del bloque gubernamental consiste en «escuchar a los gremios para efectuar un análisis más detallado» del impacto presupuestario antes de emitir un dictamen definitivo de mayoría.
Al concluir la audiencia, las autoridades de la Intergremial ratificaron el estado de asamblea y movilización permanente, advirtiendo que agotarán las instancias administrativas y judiciales para blindar la estructura de sus ingresos.