El proyecto lo presentó la presidenta de Economías Regionales del Senado, Nora Giménez. “Debemos sostener la cultura del trabajo en el agro, armonizando adecuadamente los intereses de los actores que intervienen en este proceso”, argumentó.
La propuesta legislativa apunta a generar esta armonización con planes sociales como la AUH, la Asignación por Embarazo y los programas nacionales de protección integral a los sectores vulnerables por el término de dos años, “período en el que se espera que ocurrirá una reactivación económica sostenida durante el período de pos-pandemia”, señaló Giménez entre sus los fundamentos.
Para la senadora del Frente de Todos Salta, de esta manera “el Estado podrá responder eficientemente a las inquietudes tanto de los trabajadores temporarios como de sus empleadores, así como brindar un importante alivio a las economías locales de nuestro interior profundo”.
A la hora de destacar el alcance de su proyecto, Giménez consideró que “es importante poner de manifiesto la delicada situación que atraviesan actualmente las PYMES de las principales cadenas agroindustriales del país, tanto por las consecuencias devastadoras de la pandemia del COVID-19, como por la dificultad que afrontan para cumplir con su ciclo productivo debido a la falta de mano de obra disponible, llegando a perderse entre un 25 y un 50% de la producción total”.
Según el informe de marzo de este año realizado por CAME, esta situación se presenta en sectores productivos característicos de provincias con importantes índices de pobreza y desempleo, tales como el yerbatero, tabacalero y citrícola, así como en la producción de cerezas, té, olivos y otros. En el mismo documento se detalla que las producciones regionales emplean alrededor del 70% de la mano de obra rural, dando trabajo a aproximadamente a 625.000 trabajadores temporarios en época de cosecha.
“Para lograr una sociedad más justa y equitativa, es indispensable que el Estado preste su apoyo a los más necesitados, avanzando en el pleno reconocimiento de los derechos laborales, brindando seguridad a los trabajadores para no perder los beneficios sociales que les corresponden por ley”, reflexionó la presidenta de la Comisión de Economías Regionales del Senado.