Un relevamiento expone las diferencias entre las estructuras estatales provinciales, con Tierra del Fuego a la cabeza y Córdoba en el extremo opuesto. Mientras el gobierno de Milei profundiza el recorte de personal en la Nación, los gobernadores enfrentan dificultades fiscales y reclaman recursos para afrontar sus compromisos salariales.
Chaco se ubica en la mitad superior de la tabla nacional, ocupando el puesto número 12 sobre un total de 24 jurisdicciones. Con una tasa de 67,9 empleados públicos por cada mil habitantes, la provincia se sitúa holgadamente por encima del promedio ponderado de todo el país, que es de 49,8 agentes, según este informe basado en datos de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal provincial del Ministerio de Economía.
- Puestos 1 al 5 (Los más estatales): Tierra del Fuego (139,7), Neuquén (113,6), La Rioja (109,8), Santa Cruz (107,1) y Catamarca (102,7). En todas ellas, más de 1 de cada 10 habitantes trabaja en el Estado.
- Puestos 6 al 11: Provincias con índices intermedios que van desde los 68 hasta los 102 cargos cada mil habitantes) Jujuy, La pampa, Chubut y Río Negro; San Luis
- Puesto 12: Chaco (67,9), encabezando las cifras de la región del NEA.
- Puestos 13 al 19: Otras jurisdicciones que también superan la media nacional de 49,8. Formosa CABA, Entre Ríos, San Juan, Tucumán, Sgo del Estero, Misiones, Corrientes
- Puestos 20 al 24 (Los menos estatales): Las únicas cinco jurisdicciones que logran ubicarse por debajo del promedio país: Salta (48,7), Mendoza (43,9), Santa Fe (41,5), Buenos Aires (37,6) y Córdoba (32,9), siendo esta última la que menos empleados públicos tiene por habitante.
El debate sobre el tamaño del empleo público en Argentina, expuesto en la brecha entre provincias como Chaco y Córdoba, invita a una reflexión profunda sobre el federalismo, la matriz productiva del interior y el rol del Estado.
- El Estado como único amortiguador social: En regiones históricamente postergadas como el NEA o el NOA, el empleo público no suele crecer por una mera voluntad burocrática, sino como una respuesta ante la falta de inversión privada y la ausencia de industrias locales.
- Por otro lado, la dependencia extrema del empleo estatal genera un círculo vicioso. Las provincias con estructuras públicas sobredimensionadas absorben casi la totalidad de sus recursos coparticipables en el pago de salarios corrientes. Esto deja a los gobernadores sin margen presupuestario para invertir en infraestructura clave (rutas, energía, conectividad) que es, justamente, lo que se necesita para atraer a las empresas privadas.
- El mapa actual muestra una Argentina de dos velocidades. Las provincias centrales y con economías de escala (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires) pueden sostener sus servicios esenciales con menos de 40 estatales cada mil habitantes. Las provincias del interior periférico necesitan duplicar o triplicar esa tasa para garantizar educación, salud y seguridad en territorios con menor densidad poblacional.
- Y aquí el desafío ya que el verdadero debate de fondo no debería ser la reducción del empleo público por el solo hecho de achicar el gasto, sino cómo construir las condiciones para que el sector privado sea el que empiece a traccionar. Mientras el empleo estatal sea la única opción de estabilidad para los profesionales del interior, los planes de retiro voluntario o los recortes presupuestarios solo trasladarán el problema de la órbita pública a los índices de pobreza y asistencialismo.